¿Cuáles medidas toma la región para evitar la corrupción en obra pública?

Editorial Construir

Países de la región toman medidas como cambios de ley y capacitaciones para contrarrestar la corrupción en obras públicas.

Por: Fabián Guillén

La contratación pública es un tema importante dentro de la parte económica de un lugar, por ende algunos países centroamericanos están aplicando medidas para que haya una capacitación y adquisición de conocimientos básicos de la materia, esto permitiría que funcionarios del gobierno sigan los procedimientos con pasos ordenados para realizar las contrataciones públicas.

Los casos de corrupción en la región como en Honduras, donde el abuso de fideicomisos, corrupción en la prestación de servicios públicos, entre otros hicieron que se produjera una perdida de aproximadamente 4,3% del PIB. En Guatemala y El Salvador comparten casos donde han afectado el área de la salud, mediante contrataciones con plazas fantasma y tráfico de influencias.

En la zona de Honduras la Ley de Contratación del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE), regula todos los contratos celebrados por la Administración Pública Centralizada y Administración Pública descentralizada, por medio de esta regulación este país ha logrado un incremento en la divulgación sobre proyectos de infraestructura financiados por el estado.

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El Informe publicado por la iniciativa para la Transparencia del Sector de la Construcción (CoST),  destacó el nivel de divulgación de información que alcanzó 85,3% frente a un 82% de 2016. En estos porcentajes se incluyeron siete proyectos de los cuales cinco de ellos han sido realizados a través de una alianza público-privada y ejecutado por instituciones estatales.

En Nicaragua el tema de las contrataciones públicas se torna un poco diferente, en caso de realizar alguna obra se necesita una licencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Para regular este sistema cuentan con la normativa de la Dirección de Contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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Según comenta Bruno Vidaurre, especialista en contrataciones públicas, se cree totalmente en el sistema ya que es totalmente transparente a diferencia con otros organismos financiantes, porque ellos integran dentro de su principio de contratación.

La rendición de cuentas y la transparencia en Costa Rica avanzó, con la firma de su adhesión oficial a CoST. Según Carlos Villalta Villegas ex ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), esta iniciativa fortalece esfuerzos que durante la administración Solís Rivera se han implementado en el MOPT. Esto cumple con uno de los compromisos de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto.

En el caso de República Dominicana, se ha implementado un modelo de gestión con los sorteos públicos que el Gobierno está haciendo a través de la Oficina General de Compras y Contrataciones. Este modelo de sorteos contribuiría a transparentar las actividades del sector público, un informe mensual de las obras en ejecución.

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Por otro lado, en Guatemala existe una falta de control en los riesgos  de corrupción, lo cual ha llevado a paralizar la infraestructura pública y también la adjudicación. La crisis política de los guatemaltecos ha hecho que en el sector construcción no se impulse una nueva Ley de Contrataciones del Estado.

Este país el medio más transparente que tiene hasta el momento es GuateCompras, este es el sistema que utiliza el Estado para publicar todos los procesos de compras y contrataciones que realizan.

En el caso de  Panamá, la Ley de Contrataciones Públicas ha sido cuestionada por que se encuentra caducada, lo cual se coloca en una etapa permisiva que causa corrupción con el dinero público. Iván De Ycaza, Presidente de la Cámara Panameña de la Construccion (Capac), mencionaba que para criterio la ley se encuentra estrechamente vinculada con la transparencia.

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Ycaza también agregó que el nivel de caducidad el problema surge en que la ley permite mecanismos discriminatorios que limitan o impiden la calificación de las constructoras panameñas en los actos de selección de contratistas.

El presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), admitió que en temas de adjudicación pública en El Salvador los procesos se vuelven más complejos por experiencias anteriores ya que no han sido las más positivas, esto afectando tambien las relaciones de índole privado.

Sin embargo pese a los problemas de desconfianza generados por malas experiencias, el país cuenta con un nivel de transparencia y un equilibrio adecuado entre precio y calidad del producto.

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