¿Qué es lo que espera hacer Panamá con su Ley de Contrataciones Públicas?

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Uno de los temas que más ocupan los titulares de los medios de comunicación hoy día en Panamá es la Ley de Contrataciones Públicas.

Mientras los analistas hablan de una posible reforma a la Ley 22 del 27 de junio del 2006 que regula las contrataciones públicas, vetada parcialmente el año pasado por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, los diputados panameños tienen pendiente decidir si acogen o no las observaciones del Ejecutivo, y hacen cambios a la norma, cuestionada ya por ser caduca y permisiva, para generar corrupción con el dinero público.

En este renglón, uno de los gremios más importantes del sector construcción, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), propone que la mejor arma en estos momentos en el que se pone en duda la transparencia en la gestión pública es la Ley de Contrataciones Públicas, que garantiza el avance de la economía del país.  “Justo cuando el país reclama medidas drásticas contra la corrupción, existe el espacio para introducir esta legislación argumenta Capac”.

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El gremio es de la opinión que no basta contar con una legislación adecuada en cuanto a los procesos de selección  de contratistas, sino que la misma debe estar complementada con normas que aseguren la certeza del castigo para quienes violen los principios fundamentales de la contratación pública.

“En el proceso de revisión de la Ley de Contrataciones Públicas, hemos insistido con persistencia en la modificación de las disposiciones que facultan a las entidades contratantes para elaborar a su discreción los pliegos de cargos y especificaciones en los que se fundamenta la adjudicación de las obras estatales”, expresa la Capac.

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Expresan que esa atribución ha permitido que distintas entidades públicas establezcan en sus términos de referencia, requisitos y condiciones a la medida de las empresas transnacionales que operan en Panamá y que por conveniencia sin inscritas en el Registro Público o mediante la creación de sociedades nacionales con igual denominación a las de su país de origen, para beneficiarse de su plusvalía y trayectoria.

“Se trata de mecanismos discriminatorios que limitan o impiden la calificación de las constructoras panameñas en los actos de selección de contratistas, particularmente de obras de gran magnitud o costos, en cuyo caso los requisitos de experiencia y métodos de ponderación excluyen las opciones de las empresas tradicionalmente panameñas”, detalló la Capac.

 

 

 

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