Modificación en proyecto de ley agilizaría la obra pública de Costa Rica

Editorial Construir

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) aboga por un modelo en el que haya avance de las obras, pero siempre con transparencia.

Por: Liszeth Suárez

Con el empeño de  asignar más responsabilidad a las instituciones públicas sobre cómo gastan y ejecutan sus obras, la Contraloría General de la República (CGR), presentó tres proyectos de ley para redefinir la figura del refrendo en contrataciones públicas.

Dichos proyectos en orden respectivo son; Ley sobre el refrendo de las contrataciones de la administración pública,  el  cual está siendo modificado, por otra parte, el Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central, y  Reformas del Marco Legal para la Simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión Pública.

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La norma modificada del proyecto de Ley sobre el refrendo de las contrataciones en la Administración Pública, contó con el respaldo de todas las fracciones legislativas. Esta  consiste en proponer que  sean las instituciones públicas, desde sus propias instancias legales y administrativas, quienes otorguen el refrendo a las contrataciones y proyectos que se propongan hacer.

Según la publicación de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) la emisión del refrendo a los contratos públicos pasa a ser competencia y responsabilidad de cada institución; Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) o el Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi) en lugar de la Contraloría General de la República, como ocurre hasta hoy en día.

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A inicios del 2017, la Contralora Marta Acosta visitó la Cámara para exponer el  proyecto, que de inmediato recibió el beneplácito de la Junta Directiva

Asimismo según la publicación , una modificación legal permitirá agilizar los contratos de obra pública en nuestro país gracias al  cambio admitido en primer debate por la Asamblea Legislativa.

Jorge Arturo González, presidente de la Cámara, expresó que  esta ley permitirá que las instituciones asuman su responsabilidad en la fase previa de las contrataciones, en lugar de descargar las tareas en la Contraloría.

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Asimismo, González  insistió en que la (CGR) debe mantener su labor fiscalizadora a posteriori. También enfatizo en que desde el inicio  se estuvo  de acuerdo con el proyecto, porque evita que se utilice a la Contraloría como excusa para los retrasos. Además de que siempre debe haber controles cuando se considere necesario, pero las entidades deben asumir las funciones que les corresponde.

Como lo  reitera constantemente la Cámara, el entrabamiento de la obra pública genera un grave daño al desarrollo del país en varios frentes. Primero, resta competitividad al ocasionar problemas en el transporte de personas y mercaderías; además, la construcción impulsa la actividad económica, por ende los injustificados atrasos en proyectos significan un impedimento para las finanzas de las personas, las empresas y el país en general. 

 

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