Por: Malka Mekler
Con base a la situación actual que vive el país, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) no discute la posibilidad de un recorte en su presupuesto para Bonos Familiares de Vivienda. Sin embargo, considera que la decisión de reducir el presupuesto destinado a vivienda de interés social debe ser técnica y legalmente sustentando, además es deber del Banco avisar sobre las consecuencias que este recorte podría traer.
El proyecto de presupuesto propone una reducción de US$81,930 (¢48.833 millones), lo cual representaría 4.813 viviendas menos, casi la mitad de las que se harían en un año. Asimismo, se vería un reducción 202.146 metros cuadrado menos de construcción.
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Por otro lado, la reducción representaría 18.193 puestos de trabajo menos y pondría en riesgo al Programa Integral de Financiamiento de Viviendas para Familias de Ingresos Medios, el cual facilita el acceso a viviendas a ese segmento de la población.
Para salir adelante de la situación económica actual es sumamente importante incentivar la reactivación económica y generar empleos. Bajo esta línea, el BANHVI explica que más del 90% de sus recursos son dirigidos hacia actividades de construcción, además se utilizan en el pago de bienes y servicios y en actividades que emplean. Este escenario podría generar también el cierre de empresas vinculadas al Sector.
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El BANHVI destaca que una reducción de recursos destinados a solventar el problema de viviendas para las familias más necesitadas, las cuales se han visto más afectadas por la pandemia del covid-19, es lo contrario a los objetivos de compensación. Por otro lado menciona que no tienen un superávit libre, ni de periodos anteriores ni del 2020, los recursos con los que cuentan actualmente ya están comprometidos en proyectos y casos individuales específicos, los cuales están en curso.
El recorte de recursos al BANHVI, de la manera desproporcionada que plantea el proyecto, estaría infringiendo el Derecho Social a la Vivienda Digna, reconocida por tratados internacionales, la Constitución Política y jurisprudencia de la Sala Constitucional. El proyecto de ley vulnera el principio de Estado Social de Derecho, ya que la reducción de las transferencias de capital para la inversión en infraestructura social de vivienda es excesiva.
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Esta representa un corte del 42% de la suma correspondiente por Ley al Banco Hipotecario. En situaciones como las que vive el país actualmente, podría aplicarse un recorte al presupuesto pero uno tan drástico.
