Por: Malka Mekler
En un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se representa el rumbo de una gran transformación de la infraestructura en América Latina y el Caribe por medio avances en eficiencia, uso de tecnologías digitales y un cambio de enfoque hacia la calidad y la accesibilidad a los servicios al consumidor en lugar de las estructuras.
Por medio de un incremento en la digitalización y otras acciones se puede ver un aumento en la eficiencia de los servicios, con esto se puede impulsar el crecimiento en 5,7 puntos porcentuales durante un período de 10 años. En el caso de América Latina y el Caribe, eso representaría alrededor de US$325.000 millones en ingresos adicionales durante ese decenio.
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Además, las mejoras en la infraestructura reducirán las desigualdades y favorecerá a las poblaciones vulnerables, las cuales se han visto específicamente afectadas por la pandemia de covid-19. Tomando en cuenta el aumento en la eficiencia en los servicios y la caída en los precios, los ingresos de los sectores más pobres se elevarían un 28% más.
“La infraestructura será un componente crítico de nuestros esfuerzos por impulsar las economías y reducir las desigualdades tras la pandemia”, dijo Eric Parrado, Economista Jefe del BID. “Los presupuestos serán restringidos, por lo que debemos invertir de manera inteligente y sostenible. Nuestro informe recomienda áreas en las que las políticas gubernamentales pueden promover innovaciones y aportar una visión de la infraestructura que esté orientada a los servicios”, añadió.
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De estructuras a servicios: El Camino a una Mejor Infraestructura en América Latina y el Caribe forma parte de la serie de estudio insignia Desarrollo en las Américas y resultado de largos años de investigación sobre las últimas tendencias en los sectores de agua, energía y transporte, pero sobre todo como estas pueden ser adoptadas por los países de América Latina y el Caribe.
Dicha región carece de profundas brecha en infraestructura frente a las economìas más desarrolladas. Es por esto que en América Latina y el Caribe se ha invertido un 2,8% de su PIB en infraestructura durante la última década, la mitad que los países emergentes de Asia.
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Con respecto a medidas básicas de acceso la región tiene un buen desempeño, pero en materia de términos de calidad no la tiene. Un ejemplo de esto es que el 97% de los hogares urbanos de América Latina tiene acceso al agua, pero menos del 40% de las aguas servidas de las ciudades es tratada.
En el caso de la baja calidad de los servicios, tanto hogares como empresas deben pagar tarifas altas. El 50% de los hogares más pobres gastan el 14% de sus ingresos en agua, energía y transporte público.
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Para corregir esto, el libro prevé un futuro en el que las inversiones tomen en cuenta el capital natural de la región, y en el que tanto individuos, empresas, como las ciudades y regiones se vean más empoderados ante las autoridades y empresas de servicios centrales que otorgan gracia a las innovaciones tecnológicas.
Una de las herramientas que se puede utilizar son los medidores inteligentes, estos permiten al consumidor controlar la calidad del agua que reciben, monitorear su consumo, identificar su patrón de uso, detectar formar para una mayor eficiencia y comprender mejor el contenido de sus facturas.
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También se puede mejorar en la ejecución de proyectos, el uso de drones y la tecnología satelital y otros pueden ayudar a generar mejoras en las etapas de planificación e ingeniería de los proyectos de construcción. Estas también podrían ayudar a reducir los costos entre un 10% y 15%, explica el informe.
Es importante destacar que para alcanzar estos logros se debe adaptar las políticas y regulaciones. Según el informe las áreas en las que se requieren estas reformas son los ministerios y organismos que regulan la energía, el transporte y el agua.
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Estas deben actualizar sus marcos regulatorios para aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización y para asegurarse de que una mayor competencia se convierta en beneficios tangibles para los consumidores. El informe recalca la importancia de más acción política y a mayor velocidad de implementación.
“Dado que América Latina y el Caribe está acelerando la transición desde las estructuras hacia los servicios –sostiene el informe–, los reguladores deben actuar con presteza para no perder el tren y para mantener el avance del proceso hacia una mejor infraestructura en la región”, concluyen.
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