El desarrollo urbano descontrolado en Costa Rica y el conflicto entre la función social versus el derecho inviolable intrínsecos en toda propiedad

Arq. Ramón Pendones vicepresidente de OPB Arquitectos, Secretario del GBCCR y experto en temas de movilidad urbana y sostenibilidad.

Este garantismo que profesa el Estado costarricense sobre el individuo, es muy evidente cuando de urbanismo se trata, específicamente en el derecho inalienable a la tenencia de tierra o propiedad.  Y así claramente lo indica nuestra constitución en su artículo 45:

 “…- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley […] Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social…”

Pero es justamente la salvedad en la primera oración y la afirmación de la última frase, donde nuestros políticos y tecnócratas de turno, no reparan mucho o más bien, no reparan nada

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 Si retomamos el concepto universal de la función social de la propiedad, veremos que la misma debe cumplir, primero, un objetivo común y, segundo, un objetivo individual. Esto porque una porción de tierra o propiedad, no está aislada en su propio sistema, sino que forma parte de un ordenamiento superior y público que es la ciudad, los poblados, las aldeas y caseríos que conforman nuestros asentamientos humanos con todos sus servicios públicos y otras prestaciones de uso común.   

Es decir, que los derechos individuales sobre la propiedad privada, deben estar limitados y regulados por el Estado y los Gobiernos Locales, de tal manera que los propietarios, además de sus derechos propios, debe tener responsabilidades para con la sociedad. Siendo lo más deseable qué, dicha propiedad, se pueda usar al máximo generando los menores costos sociales a la comunidad. 

 Y sin ir más lejos en tratados urbanísticos y demás herramientas históricas en la que se basa el ordenamiento territorial actual, encontramos que este tema es, más bien, un asunto ético y qué hasta la misma Iglesia Católica, tipifica como una obligación moral de todos los individuos que conformamos una sociedad:

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 “…La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario. En una palabra: el derecho de la propiedad no debe jamás ejercitarse con detrimento de la utilidad común, según la doctrina tradicional de los Padres de la Iglesia y de los grandes teólogos…”Paulo VIPopulorum Progressio

 El concepto de la función social de la propiedad, es extensamente usado en nuestra jurisprudencia, tanto que, hasta la Sala IV lo ha utilizado para su fallo Nº 4205-96, bajo el expediente Exp. No. 0282-E-92 en donde se extrae lo siguiente:

 “…En este orden de ideas, es que toda la ordenación urbanística encuentra su fundamento en lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, que dice:

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 “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” En este sentido es que, al no cumplir con la función social encomendada a la propiedad…”

 Por lo tanto, el Estado y los gobiernos locales, no pueden desentenderse de este principio y dejar el desarrollo urbano y mucho menos, la planificación territorial, en manos de las compañías desarrolladoras de particulares, como ha sucedido en las últimas décadas.

 De tal manera, que deben ser el Estado y los gobiernos locales, los que limiten, planifiquen y regulen eficientemente el uso del suelo. Además de promover un modelo de desarrollo urbano más sostenible, compacto, vertical, inclusivo y mixto y no dejarlo en manos de la especulación inmobiliaria privada, la cual, obviamente, va a buscar cada vez más, terrenos baratos para obtener mayores ganancias.

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 Adjuntamos imagen utilizada en el diagnóstico realizado este año por el Programa de Movilidad Urbana Sostenible y su Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible para el Área Metropolitana de San José de Costa Rica.

Con esta imagen, podemos apreciar cuan errado está nuestro esquema de desarrollo urbano horizontal, basado en un concepto caduco de ciudad segregada, dispersa y poco densa. Este modelo insostenible de “Ciudad Expandida”, promueve que los desplazamientos de la población, obligadamente, dependan del uso y abuso del automóvil particular.

 Con el esquema de desarrollo urbano actual y nuestro fallido sistema transporte público, los grandes desplazamientos en automóviles particulares, hacen que la  congestión vehicular o  “presa”, ahora sea itinerante y que la misma, en las mañanas, se traslade de las zonas residenciales (normalmente en los suburbios) a las zonas de estudio y trabajo (normalmente más céntricas), y que, en las tardes, se mueva de ahí, a las zonas de estudio, a las zonas comerciales y finalmente, de nuevo, a las zonas residenciales.

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 Cuando nos preguntemos por qué en nuestro país es prácticamente nula la planificación territorial, la respuesta la encontraremos en la inacción de nuestro Estado y de los gobiernos locales, para tomar el liderazgo en el tema y brindarle de vuela la función social a la propiedad.

 

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