Las alianzas público-privadas impulsan la obra púbica en la región

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El abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública, son parte de los proyectos de obra pública que se pueden realizar a través de los asocios público-privados en la región centroamericana.

Las Alianzas Público – Privadas (APP) son una figura que se está utilizando en la región para realizar proyectos de obra pública o que permita mejorar los existentes, involucrando la participación de la empresa privada y el gobierno. No obstante, cada país posee sus propias características y limitaciones de acuerdo a su propia legislatura vigente.

En Guatemala, de acuerdo al Ministerio de Finanzas Públicas existen Contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Por ejemplo, La Ley Ordinaria contenida en el Decreto No. 16-2010, señala que el ámbito de aplicación es restringida y aplicable únicamente a la creación, construcción, desarrollo, utilización, aprovechamiento, mantenimiento, modernización y ampliación de infraestructura, autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, proyectos de generación, conducción y comercialización eléctrica ferroviaria.

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El participante privado percibe como única compensación por la ejecución del contrato los logos e ingresos por servicios que se convengan en cada contrato. En 2016, el Gobierno en turno de este país contabilizaba cerca de 400 escuelas rehabilitadas en toda la nación a través de este tipo de alianzas.

En El Salvador, la Ley Especial de Asocio Público -Privada fue modificada en 2014. Con ella se establece un marco normativo para el desarrollo de proyectos, de Asocio Público – Privados, para la provisión de infraestructura y servicios públicos y de interés general.

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De acuerdo con la Dirección de Asocio Públicos Privado del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones (Proesa), pueden llevar a cabo proyectos de APP en calidad de contratantes del Estado el Órgano Ejecutivo y sus dependencias, las instituciones de carácter autónomo, inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), así como las municipalidades. 

Nicaragua, por su parte, se encuentra promoviendo ese tipo de inversiones como medio de desarrollo de infraestructura sostenible. La Asamblea Nacional de este país aprobó en octubre de 2016, la Ley de Asociación Público – Privada, cuyo objetivo es regular la suscripción conjunta de ambos sectores, en proyectos de infraestructura y servicios.

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Según esta normativa, promete incentivos a las empresas que participen en la asociación, y les garantiza sostenibilidad y seguridad jurídica, con compensaciones y financiamiento. Por su parte las compañías deberán garantizar proyectos con sostenibilidad ambiental, responsabilidad social empresarial, competitividad y proyección a los trabajadores.

Uno de los proyectos que el gobierno de este país planea realizar es el mejoramiento del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, que incluirá la ampliación y mejoramiento de la pista del aeropuerto, la ampliación y mejoramiento de la terminal de carga y pasajeros, y mejoras en el área de la Fuerza Aérea.

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Costa Rica también apuesta por el potencial de las APP. El 15 de diciembre del 2016 se aprobó un  reglamento mediante el decreto 39965 H-MP, con la finalidad de impulsar obras y servicios públicos, con el aval de la Contraloría General de la República y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Uno de sus planes piloto es la estación del tren en el cantón de Flores, en provincia de Heredia, impulsado con MAVSK Arquitectos S. A., el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y la Municipalidad de Flores.

 

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