Como un esfuerzo interinstitucional, de transparencia y con el objetivo de dar seguimiento a las obras de inversión pública, el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), firmaron un acuerdo de intercambio de información que permitirá el seguimiento oportuno.
El convenio permitirá determinar los procesos a seguir para las obras de infraestructura que se llevan a cabo con fondos públicos y que están en incumplimiento o inconclusas.
El rol de SEGEPLAN será cumplir con el traslado de información electrónica, ágil y oportuna de los proyectos que se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SINIP.gt) para que luego, dentro de su competencia, la CGC y el MP procedan a dar seguimiento de fiscalización y denuncia en los hechos que se considere faltan al cumplimiento para la ejecución de obras públicas.
El convenio de cooperación formaliza acciones en el intercambio de información que se llevan a cabo desde 2021 y responde al Pilar Estado Responsable, Transparente y Efectivo de la Política General de Gobierno 2020-2024.
Durante la firma del convenio, la titular de SEGEPLAN, Keila Gramajo Vilchez, refirió que no se puede asegurar que muchas de las obras están inconclusas de manera tácita y refirió que varias no han sido finalizadas por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) o que no han hecho un proceso de cierre.
Indicó que SEGEPLAN detectó esa situación luego de un proceso de revisión durante 2021, y se giraron los oficios correspondientes a las Entidades Públicas de Inversión para que finalicen sus proyectos, además de que puso a disposición, una guía paso a paso para que puedan concluir con los procedimientos.
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También reiteró el llamado de SEGEPLAN para que las entidades públicas de inversión registren el avance mensual de los proyectos, con documentación que respalden los avances o bien finalización de la obra para dar transparencia a todo el proceso de inversión
“Cargamos con rezagos importantes legados por administraciones anteriores en la ejecución de inversión pública” y que por tanto, “amerita demarcar las limitaciones estructurales en cuanto a la gestión de los recursos públicos, de las responsabilidades individuales de los funcionarios y los contratistas del Estado”, afirmó Gramajo
Asimismo, lamentó que los retrasos en la ejecución de obras “penalizan nuestra capacidad para atender las necesidades más sentidas de la población”, y que “cada retraso injustificado en la conclusión de una obra no solo es una pérdida de recursos financieros, sino también del tiempo de aprendizaje, del tiempo crítico para tratarse en el caso de la salud, para transitar por carreteras adecuadas, para producir y para alcanzar nuestros objetivos de desarrollo”, finalizó Gramajo.
