La empresa privada del rubro demanda que se reduzca el tiempo de espera para obtener un permiso de construcción y que se dinamicen los procesos.
El sector privado de la industria de la construcción en El Salvador continúa trabajando para que los procesos de trámites de permisos para desarrollar sus proyectos sean más ágiles, ya que en la actualidad este país es el que más tiempo espera en comparación a los demás en la región.
De acuerdo al Ing. Ángel Díaz, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), desde la gremial han logrado identificar, en el transcurso de los años, que muchos de los factores que retrasan los trámites y la obtención de permisos.
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“Tienen que ver con burocracia, arbitrariedades, diversidad de criterios técnicos entre los empresarios ejecutores de los proyectos y las autoridades gubernamentales, así como temor de los funcionarios debido a la corresponsabilidad que conlleva el otorgamiento de un permiso de construcción”, detalló el Ing. Díaz.
Una de las propuestas de la gremial es que se reduzcan los tiempos hasta un total de 180 días, lo cual considera que es un tiempo prudente y apegado a las leyes que involucran las gestiones en mención.
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De acuerdo al Ing. Díaz, la gremial promueve desde hace algunos años Ley Especial de Agilización de Trámites para la Construcción, sin embargo, por vacíos en la misma no pudo ponerse en operación, es por esta razón que en este momento está siendo revisada y se han propuesto reformas para lograr los fines para los cuales fue concebida.
Casalco también participa activamente en mesas técnicas de trabajo y espacios de diálogo y discusión, involucrando a las instituciones relacionadas directamente con los trámites y permisos como: el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn), La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), La Secretaria de Cultura (Secultura), Gobiernos Municipales y las Oficinas Técnicas Planificadoras del Desarrollo Urbano, a gestionar con la Vicepresidencia de la República, Secretaria Técnica de la Presidencia, Secretaria de Gobernabilidad y la Corte de Cuentas de la República, con la finalidad de buscar alternativas y soluciones a la problemática existente.
