Por: William Villalobos Director Ejecutivo de la Cámara de Generación Distribuida.
La operación apropiada y segura de una red eléctrica requiere no solo de energía, sino también de otros elementos que aseguren la estabilidad y calidad de la energía provista. Este tipo de servicios se conocen en la industria como Servicios Auxiliares de la Red, e incluyen capacidades como: control de tensión y frecuencia, suministro de potencia reactiva, estabilización de potencia, reserva rodante y fría, y capacidad de arranque en negro en condiciones de colapso total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
En Costa Rica, tales servicios -históricamente- han sido provistos por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como parte de su mandato de asegurar el abastecimiento energético confiable al país. Por actitud histórica -más que por limitaciones técnicas- el ICE optó por no tercerizar tales servicios, sino producirlos en casa.
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Desde el 2008, el ICE ha buscado -mediante tarifas eléctricas fijadas por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep)- la retribución por los servicios auxiliares prestados, argumentando que son costos adicionales a los incurridos para generar y suministrar a los abonados la energía eléctrica. La posición del Regulador -durante mucho tiempo- fue que los costos de tales servicios ya se encontraban implícitos en las tarifas vigentes, por lo cual no procede el reconocimiento y cobro adicional.
La Ley N.º 449 de creación del ICE del año 1949 le otorgó el monopolio de venta de energía; y quizás, –por la no disponibilidad de terceros suplidores en aquel momento- el ICE asumió como obligación propia adicional a la de generar, transmitir y distribuir el aprovisionamiento y suministro de los servicios auxiliares que para ello se requirieran. Actualmente, 70 años después, se han venido dando cambios profundos y disruptivos en los mercados eléctricos globales; con lo cual, tales servicios bien podrían ser contratados al tercero mejor oferente. De esa forma, tanto la inversión como los riesgos y costos adicionales no serían responsabilidad única de dicha institución, sino compartida con esos terceros.
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Entre los avances recientes, la tecnología para el almacenamiento de energía eléctrica en particular ha mostrado avances importantes. Los sistemas de almacenamiento a distintas escalas en otras latitudes han demostrado ser un excelente proveedor de servicios auxiliares para redes eléctricas. Una batería no solo almacena la energía; sino que, puede ofrecer a la red servicios auxiliares respuesta rápida de frecuencia (menor a 1 segundo) -a precios sumamente competitivos- en comparación a los recursos de reserva tradicionales, posibilitando grandes ahorros a Operadores del Sistema, y dinamizando a su vez mercados eléctricos tanto nacionales como transfronterizos.
El precio de las baterías ha bajado de manera continua durante los últimos 10 años, y se prevé sigan bajando aún más en el corto y mediano plazo, impulsado primordialmente por la penetración de los vehículos eléctricos. En Costa Rica ya operan baterías de gran tamaño instaladas por el sector privado en busca de ahorros energéticos, y si seguimos el desarrollo de los países más avanzados en este concepto, pronto -muchos de nosotros- tendremos baterías en nuestras casas, comercios e industrias; no olvidemos, que, nuestro próximo carro eléctrico es en realidad una batería con llantas.
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A finales del año 2019, y con muy buen tino en su rol regulatorio la Aresep publicó el “Reglamento Técnico de los Servicios Auxiliares en el Sistema Eléctrico Nacional (AR-RT-SASEN)”, cuya metodología de fijación tarifaria para compensación a prestadores de servicios auxiliares -incluyendo terceros- es lo único pendiente. Sin embargo, los prestadores potenciales de servicios auxiliares reconocidos como tales mediante el AR-RT-SASEN son los agentes generadores en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que requieren de concesión para servicio público de generación de electricidad, situación que conviene revisar; puesto que, con ello se excluye a la creciente población de generadores distribuidos que estarán -en el mediano plazo- instalando capacidades cada vez mayores de almacenamiento.
Así las cosas, lo ideal sería que la normativa se haga inclusiva para reconocer al abonado-productor (prosumidor) los servicios auxiliares que sus baterías pueden ofrecer a la red eléctrica nacional. Así, el consumidor haría la inversión por motivos de ahorro, y el SEN resultaría beneficiado por los servicios auxiliares que podría contratar. Esto, en mercados eléctricos en otras latitudes, es hoy una realidad, y se está haciendo con creciente frecuencia.
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Por su parte, el expediente 22009 Ley para la Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos, actualmente en la corriente legislativa, propuesto por los Diputados Erwen Masís y Paola Valladares dedica un aparte a éste medular tema. Con ello, el abonado eléctrico no sólo podrá disminuir sus costos mediante la instalación de paneles solares; sino que, se facilita e incentiva el almacenamiento distribuido de energía. Contribuyéndose así, con la estabilidad y confiabilidad de la red eléctrica nacional, así como con el aprovechamiento de la creciente flota de vehículos eléctricos.
La transformación disruptiva que vive el sector eléctrico a través de la tecnología seguirá impactando y penetrando el mercado -con o sin regulación-; por ello, resulta necesario no postergar nuevos esquemas regulatorios orientados al robustecimiento del SEN. En la CGD, promovemos el empoderamiento del cambio tecnológico de manera ordenada y apropiadamente regulada para beneficio de todos.
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Recordemos que, el SOL NO NOS COBRA por la energía que nos brinda. Anticipemos el cambio y sigamos colocando a Costa Rica como partícipe ejemplar en el campo de internacional de energía renovable.
